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En la comuna de Los Andes se efectuó el cierre de dos cursos de capacitación.
La alianza público-privada para lograr la colocación laboral de personas infractoras de ley que son capacitadas es uno de los objetivos principales del Programa +R. Por medio de esta iniciativa gubernamental este martes se certificó a 20 personas que culminaron exitosamente cursos impulsados por SENCE y Gendarmería e impartidos por Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC).
La primera de las ceremonias de certificación se efectuó, aproximadamente, a las 15:30 horas, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes. En la oportunidad recibieron sus diplomas cuatro mujeres y seis hombres privados de libertad. Los internos aprobaron el curso de cocina nacional, el que comenzó en el mes de septiembre y se extendió por cerca de tres meses.
Claudia Herrera es una de las mujeres que realizó exitosamente el curso a cargo de la PUCV.
“Se nos abrieron hartas puertas. Gendarmería nos apoyó harto en el sentido de que después de terminar el curso se no dio la posibilidad de poder seguir practicando lo que nosotros aprendimos. Aprendimos todo lo que es repostería, pasteles, postres chilenos y comidas típicas chilenas. Fue muy bueno, específico; aprendimos técnicas profesionales y nos capacitamos muy bien. Se nos abrió una puerta bien grande”, expresó Claudia.
Tres horas más tarde se efectuó una segunda entrega de diplomas, esta vez en la biblioteca municipal andina. Hasta la dependencia llegaron diez usuarios del Centro de Apoyo para la Inserción Social de Los Andes, quienes terminaron un curso de gastronomía dictado por la OTEC Asecap Ltda.
Las actividades contaron con la presencia de las seremis de Justicia y DD.HH., Paula Gutiérrez Huenchuleo, y del Trabajo y Previsión Social, Susana Calderón Romero, el director regional de Gendarmería, coronel José Luis Meza Guajardo, el director regional (s) de Sence, Víctor Vilaza Oyarzo, el delegado presidencial provincial de Los Andes, Cristian Aravena Reyes, el jefe de unidad del CCP de Los Andes, comandante César Farías y representantes de las OTEC, entre otros.
Finalizada la ceremonia el coronel Meza sostuvo que: “para Gendarmería y la seguridad pública de nuestro país es fundamental alcanzar la reinserción laboral de nuestros usuarios. Por medio de la alianza entre el sistema público y privado estamos trabajando para que quienes han infringido la ley tengan una nueva y real oportunidad de insertarse en la sociedad”.
El rol fundamental que juega el Estado en el proceso de reinserción fue destacado por Paula Gutiérrez.
“Hay un deber del Estado de poder abrir oportunidades a personas que en algún minuto tomaron la decisión de infringir la ley y que hoy día tienen que ver una alternativa en la colación laboral, en una oportunidad de trabajo. No solo de trabajo dependiente, sino que también de trabajo independiente que le permita sostener a su familia de manera legal y lícita”.
Por su parte la seremi de Trabajo y Previsión Social afirmó que desde la cartera que representa “hemos trabajado en forma articulada y muy comprometida con lo que es el rezago social. Y hoy día las personas que están en el proceso de reinserción tienen que ser prioridad para nosotros. Cada vez que cerramos un proceso +R sentimos que ha valido la pena el esfuerzo, pero también hacemos un diagnóstico de lo que tenemos que mejorar, de las barreras que tenemos que seguir derrotando, sobre todo en el tema de las colocaciones de empleo”.
Finalmente el director regional de Sence detalló que para el presente año se continuarán desarrollando las tres áreas de acción junto a Gendarmería.
“Con Gendarmería trabajamos con tres líneas: becas laborales, con transferencia directa de recursos y, además, el programa +R, que es una cooperación público privada entre las empresas, el Servicio y Gendarmería de Chile. La idea es entregarle más oportunidades para que las personas se puedan reinsertar social y laboralmente”.
En el mes de febrero se desarrollará un nuevo curso en la unidad penal andina. En esta ocasión se trata de una capacitación en manejo y reciclaje de desechos tecnológicos, instancia a la que podrán acceder otras diez personas privadas de libertad.
