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En la presentación estuvieron presentes los subsecretarios de Justicia, Sebastian Valenzuela; de Interior y Seguridad Pública, Juan Francisco Galli y de prevención del delito, Katherine Martorell. Además, asistieron parlamentarios de Chile Vamos, integrantes de las Comisiones de Constitución y de Seguridad Ciudadana, de ambas Cámaras.
La iniciativa legal, busca crear una nueva institucionalidad para el fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia de las personas, mediante la implementación de diferentes líneas de acción con el objetivo de establecer un servicio eficiente, cercano e integral para las personas.
Al respecto, el Ministro Hernán Larraín aseguró que, “la presentación de este proyecto nos permite cumplir con uno de los compromisos de la Agenda Social del Gobierno, que es garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las personas, sin distinción, con una mejor justicia enfocada en las necesidades jurídicas ciudadanas. Esta nueva institucionalidad, contará con una serie líneas de acción. Por una parte, integra la oferta programática de las Corporaciones de Asistencia Judicial con la defensoría de víctimas de delitos, e incluye programas especializados, como el Programa Mi Abogado y el Defensor del Adulto Mayor y una línea de acción en el ámbito de los Derechos Humanos.”
En ese mismo sentido enfatizó, que “uno de los aprendizajes del año 2020 es la urgencia de acercar la justicia a las personas, facilitando el acceso a la justicia, que no es otra cosa que proveer los medios para que las personas puedan resolver sus necesidades y conflictos legales, lo que supone otorgar asesoría, defensa y representación jurídica para que las personas sepan cuáles son sus derechos, cómo ejercerlos y recurran a los mecanismos para resolverlos, que pueden ser los tribunales, pero también otros como la mediación. Esto lo vimos en el caso de las pensiones de alimentos, pero también, en temas de arriendo, suspensión del empleo, despidos y violencia intrafamiliar.”
Por su parte, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, aseguró que esta “es la modernización más importante de los últimos 50 años en cuanto a Acceso a la Justicia, que ha sido un proceso trabajado desde el primer día que asumimos, con apoyo del Programa EuroSocial de la Unión Europea, y que en el contexto de la Pandemia decidimos redoblar los esfuerzos para concretarlo. Esperemos ese esfuerza continúe en el Congreso para que en breve plazo este proyecto sea una realidad”.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región, José Tomás Bartolucci, agregó que lo que se logrará con este proyecto es “hacer efectivo el acceso a la justicia de todas aquellas personas que, en las diferentes áreas del derecho, requieren la atención personalizada y experta de un abogad en material civil, laboral, de familia, y lograr reunir, en este nuevo servicio público, la atención que se encuentra dispersa en diferentes organismos del Estado”.
“Además –agregó el seremi Bartolucci-, busca la creación de la Defensoría de las víctimas de Delitos, es decir, poder brindar atención jurídica y judicial, pero también psicológica y social a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de un delito y que no tengan los recursos para poder contratar a un abogado. Vamos a poder terminar con una desigualdad de la Reforma Procesal Penal que no pone en el centro a la víctima de un delito, lo que provoca que no puede tener la debida representación y defensa de sus intereses y sus derechos”.
Aspectos centrales del Proyecto de ley
- Creación de un nuevo Servicio:
Se crea un nuevo organismo que reúna, coordine y sistematice la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía. En dicho sentido, se propone la integración de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, que, desagregadas en las distintas regiones del país, representan la primera puerta al ejercicio del derecho al acceso a la justicia de gran parte de la ciudadanía; reuniendo en un único Servicio la oferta programática que actualmente brindan, lo que permitirá un fortalecimiento de ella, con foco en la defensa de víctimas de delitos, grupos o personas vulnerables, y Derechos Humanos – mediante la contratación a nivel nacional de abogados que puedan asesorar y representar personas cuyos DDHH han sido vulnerados o se encuentren en amenaza de vulneración-, entre otros aspectos.
- Considera cuatro líneas de acción:
1.- Línea General: Comprende la oferta programática que actualmente tienen las Corporaciones de Asistencia Judicial, en materia civil, laboral, de familia, entre otros.
2.-Defensoría de Víctimas de delitos: entrega asesoría, defensa y representación jurídica a todas las personas naturales que han sido víctimas de delito, otorgándoles, además, apoyo psicológico y social para enfrentar y superar las consecuencias del hecho.
3.- Línea de Derechos Humanos: considera la asesoría y representación jurídica a personas cuyos DDHH han sido vulnerados o se encuentren en amenaza de vulneración, tanto en sede administrativa como judicial (ejercicio de acciones constitucionales).
4.- Línea Especializada: considera toda la oferta programática diseñada para abordar las necesidades y problemáticas que afecta a algún determinado sector de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, Programa Mi Abogado en niños, niñas y adolescentes, y Defensa Integral de Adulto Mayor.
- Creación de la Defensoría de Víctimas de delitos.
Dentro de la institucionalidad ligada al proceso penal, hoy no existe una única institución pública que se haga cargo de la defensa de la víctima, situándola así en una condición de desigualdad judicial frente a los intereses del Ministerio Público -que no son siempre coincidentes con los de la víctima- o del mismo imputado, que goza de defensa pública si así lo requiriese. Se busca potenciar el rol de la víctima en el proceso penal, a través el establecimiento de un nuevo mecanismo de acceso a la información en el proceso mediante la representación de la víctima por parte del Nuevo Servicio ante el Ministerio Público,
La creación de esta Defensoría con foco en la promoción y defensa de los derechos de las víctimas de delitos, considera la representación jurídica y la atención psicológica y social, a personas naturales que carezcan de defensa en su rol de víctimas en materia penal, estableciendo la universalidad plena en términos de acceso, con especial foco en víctimas de delitos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y/o integridad sexual, y la libertad ambulatoria.
- Creación de un Consejo Nacional de Acceso a la Justicia.
Con el objeto abordar los desafíos de acceso a la justicia de mediano y largo plazo, generando políticas públicas que aborden las problemáticas de manera sistémica y coordinada, se crea un Consejo Nacional integrado por autoridades, representantes del mundo académico y sociedad civil. Con este mismo propósito se plantea el desarrollo de un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, con una duración de cinco años que permita avanzar en acciones, medidas y programas concretos, que materialicen los objetivos estratégicos propuestos por el Consejo Nacional, y que se implementen a nivel regional.
